Privacidad de los usuarios de Internet ya tiene codigo penal

Luego de 5 días de debate, el domingo 13 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó con 99 votos a favor el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Desde finales de agosto, varias organizaciones de la sociedad civil, hemos observado con preocupación el proceso de elaboración de varios artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que atentan a la inviolabilidad, almacenamiento y posterior análisis de la información que las ciudadanas y ciudadanos generan en Internet y cualquier otra plataforma de telecomunicaciones como telefonía fija o celular. 

Se ha solicitado por varios medios a los asambleístas que acojan las recomendaciones de no vulnerar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos a través de cuestionadas prácticas que el COIP establece como rutinarias, sin embargo, estos pedidos no han sido acogidos y la pérdida de derechos se institucionalizará con la aprobación definitiva del COIP. 

Tal como está propuesta la Ley define que para todos los servicios de telecomunicaciones, “como ISP, Café NET, Zonas WIFI, negocios que alquilen teléfonos o permitan acceso al Internet, centros de estudio que presten acceso a internet, e incluso personas que presten su teléfono o conexión de Internet” deberán almacenar los datos y tráfico de conexión de las usuarias y usuarios con los riesgos y consecuencias que esto conlleva, como violentar el derecho de los ciudadanos a la intimidad y privacidad de sus comunicaciones, generar una tendencia a la autocensura e ir en contra de las críticas hacia prácticas de espionaje internacional; agregando el posible impacto que tenga en los costos y precios para los usuarios, convirtiéndose en una nueva barrera para el uso y masificación del Internet y las TICs, especialmente en sectores económicamente más vulnerables. 

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos al Ejecutivo que vete parcialmente el Código Orgánico Integral Penal aprobado por la Asamblea Nacional, principalmente en los artículos que vulneran la privacidad y el ejercicio de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos en Internet y cualquier otro servicio de telecomunicaciones, y exhortamos a adecuarlo en base a estándares internacionales de derechos humanos a fin de precautelar con el mayor rigor la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación y fortalecer además el sistema democrático acorde a los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones.